PÚNICA - COFELY - DALKIA - PUJOL. Las tramas se cruzan.

                    

Los antecedentes de la operación Púnica convergen en una multinacional de suministro energético diferente a Cofely, la empresa que según los investigadores de la Guardia Civil se habría beneficiado durante los últimos dos años de numerosas adjudicaciones públicas amañadas por la red que lideraban el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Esa otra compañía es Dalkia, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama Púnica pasaron por esa firma antes de comenzar a trabajar para Cofely, y no se trata de una casualidad.

http://diariodenavaluenga.blogspot.com.es/2014/11/los-acusados-de-amanar-contratos-para.html

La empresa DALKIA, a la que parecen conducir todos los caminos en las investigaciones de la bautizada como "Operación Púnica", aparece en el BORME como vicepresidente de QUATRE CAMINS INFRAESTRUCTURES SA, en la que es consejera Anna Cornado Vidal a través de la sociedad ARGOS DEU SL de la que es Administradora Única. Anna Cornado es actualmente la Vicepresidenta del GRUPO EMPRESARIAL COPISA SL.

ARGOS DEU SL ES a su vez  la propietaria de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL .

La UDEF concluye que “las millonarias comisiones que consideran no justificadas percibidas por Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la administración que fue inicialmente concedido por quien en esos momentos era consejero de obras públicas, Felip Puig”. Y remata: “Los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y grupo Copisa ( PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA, SL) de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones detalladamente descritas en los informes policiales”.

http://plazanavaluenga.blogspot.com.es/2014/10/copisa-la-conexion-acebes-pujol.html

Les remito una vez mas al interesante informe que el Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, José Luís Díez Ripollés, realizo a  partir del CASO MERINOS NORTE.

Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que "hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución".

El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. 

Según el Instituto de Criminología, Promociones Club de Campo y Golf ha actuado con "la prepotencia de los poderosos", con una "persistente situación objetivamente intimidatoria" como muestra que presentara hasta 12 denuncias contra miembros de colectivos opositores al macroproyecto.

La investigación desvela un complejo entramado de sociedades mercantiles, hasta 50 han tenido alguna relación con el proyecto desde 1990, que atribuye a un "mecanismo para perder de vista los verdaderos fines e intereses implicados y los grupos empresariales y las personas que están detrás". 

http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/125.pdf

La capacidad de corromper el sistema de estas todopoderosas empresas (alimentadas de dinero publico) constituye el verdadero origen de la corrupción, los políticos no dejan de ser simples peones en sus manos.

El cerco de la operación Púnica contra la corrupción rodea cada vez más la gestión del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cartagena. Los antecedentes de la operación Púnica convergen en una multinacional de suministro energético diferente a Cofely, la empresa que según los investigadores de la Guardia Civil se habría beneficiado durante los últimos dos años de numerosas adjudicaciones públicas amañadas por la red que lideraban el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza.

Esa otra compañía es Dalkia, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama Púnica pasaron por esa firma antes de comenzar a trabajar para Cofely, entre ellos José Fidel Saura (exconcejal del PP de Cartagena y jefe de gabinete del consejero de Industria de la Región de Murcia) y José Antonio Alonso (ex alcalde socialista de Cartagena), y no se trata de una casualidad, según informa El Confidencial.

Por este motivo, el concejal de IU-Verdes Cayetano Jaime Moltó presentó hace unos días una pregunta al vicealcalde, José Cabezos, relativa a las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Dalkia en el término municipal de Cartagena. La pregunta obedece al hecho de que, tan sólo un par de días después de que el citado vicealcalde asegurara que con una seguridad del 99% no habría más vinculaciones con la trama de la Operación Púnica que las facturas emitidas por la empresa Madiva a la Concejalía de Cultura, comenzaron a salir otras relaciones, tales como los trabajos en la piscina municipal y en el Auditorio y Palacio de Congresos, contratados a Dalkia.

Para Izquierda Unida-Verdes el 1% de posibilidades que atribuía tan sólo el vicealcalde a relaciones del Ayuntamiento con empresas y empresarios de la trama “se ha hecho muy amplio, mucho más amplio que el escaso porcentaje que le otorgaba la actual mano derecha de Pilar Barreiro, el referido vicealcalde José Cabezos”.

También estaban en Dalkia Constantino Álvarez de la Cueva y Pedro García Pérez. En el momento de su detención el pasado 27 de octubre, Álvarez era el director comercial de Cofely, pero antes de desempeñar esa responsabilidad ocupó el puesto de director general en Dalkia. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento, le acusa de haber tenido un papel decisivo en el amaño de los concursos que acabó llevándose la compañía para la que trabajaba.

La misma imputación se cierne sobre Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely y, al igual que Álvarez, exempleado de Dalkia. Llegó a ser apoderado de esa compañía. Se le considera el principal interlocutor de Cofely con los políticos corruptos. Por ese motivo, Velasco lo ha incluido en el selecto grupo de siete imputados a los que ha enviado a prisión provisional sin fianza.

Los empleados políticos

Los otros dos detenidos en Púnica que también pasaron por Dalkia son José Fidel Saura y José Antonio Alonso. El primero había sido colocado recientemente por el Partido Popular al frente del gabinete del consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz. Sin embargo, antes de conseguir ese excelente cargo, estuvo trabajando para la empresa de suministro eléctrico. Se le acusa de haberse puesto en contacto con otro de los cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca, para concederle a la trama un contrato de supuesta promoción turística.

Saura llegó a Dalkia de la mano de otro de los líderes de red Púnica, el exalcalde socialista de Cartagena y actual empresario del ladrillo José Antonio Alonso. Tras dejar la política a principios de la década pasada, Alonso empezó a compatibilizar los negocios inmobiliarios con su presencia en diferentes consejos de administración, y Dalkia era una de las compañías en las que tenía asiento. El juez Velasco acusa a Alonso de ser el máximo responsable de uno de los entramados de “tráfico de influencias” que coinciden en este escándalo.

El inicio de la red

El paso de estos cuatro imputados por Dalkia habría sido decisivo en el origen de la trama Púnica, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. Los dos exempleados de Cofely imputados por la presunta compra de voluntades políticas, Álvarez y García Pérez, ya habrían protagonizado operaciones similares en su anterior compañía. Sin embargo, la dirección de Dalkia en España detectó esos movimientos irregulares y los invitó a marcharse. Ambos desembarcaron automáticamente en Cofely, donde habrían seguido utilizando sus antiguos contactos para tratar de beneficiar a su nueva empresa. Según las pesquisas, participaron en la compra de licitaciones por un valor superior a 200 millones de euros.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra que ambos conservaron sus amistades. De los documentos intervenidos se desprende que tanto Álvarez como García Pérez siguieron manteniendo relación con Saura y Alonso, a pesar de que estos siguieron vinculados a Dalkia tras la marcha a Cofely de los dos primeros. El resto de acusados fue incorporándose a la trama posteriormente. La nómina de implicados creció, según la UCO, hasta los 52 políticos, empresarios y funcionarios señalados finalmente por sus averiguaciones. Pero el objetivo de la red siguió siendo el mismo: conseguir adjudicaciones públicas para la compañía que les pagaba. 

DALKIA ESPAÑA SL

QUATRE CAMINS INFRAESTRUCTURES SA,

GRUPO EMPRESARIAL COPISA SL