Esta nueva rama de la investigación confirma una vez mas las conexiones que adelantábamos hace varias semanas, entre la Operación Púnica y los intereses de la "Famiglia" Mendez Pozo, de la cual el HUBU Hospital Universitario de Burgos es un claro ejemplo.
José María Olmo. 18/11/2014 (05:00)
Los antecedentes de la operación Púnica convergen en una multinacional de suministro energético diferente a Cofely, la empresa que según los investigadores de la Guardia Civil se habría beneficiado durante los últimos dos años de numerosas adjudicaciones públicas amañadas por la red que lideraban el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Esa otra compañía es Dalkia, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama Púnica pasaron por esa firma antes de comenzar a trabajar para Cofely, y no se trata de una casualidad.
Entre ellos se encuentran Constantino Álvarez de la Cueva y Pedro García Pérez. En el momento de su detención el pasado 27 de octubre, Álvarez era el director comercial de Cofely, pero antes de desempeñar esa responsabilidad ocupó el puesto de director general en Dalkia. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento, le acusa de haber tenido un papel decisivo en el amaño de los concursos que acabó llevándose la compañía para la que trabajaba.
La misma imputación se cierne sobre Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely y, al igual que Álvarez, exempleado de Dalkia. Llegó a ser apoderado de esa compañía. Se le considera el principal interlocutor de Cofely con los políticos corruptos. Por ese motivo, Velasco lo ha incluido en el selecto grupo de siete imputados a los que ha enviado a prisión provisional sin fianza.
Los empleados políticos
Los otros dos detenidos en Púnica que también pasaron por Dalkia son José Fidel Saura y José Antonio Alonso. El primero había sido colocado recientemente por el Partido Popular al frente del gabinete del consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia. Sin embargo, antes de conseguir ese excelente cargo, estuvo trabajando para la empresa de suministro eléctrico. Se le acusa de haberse puesto en contacto con otro de los cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca, para concederle a la trama un contrato de supuesta promoción turística.
José Antonio Alonso.
Saura llegó a Dalkia de la mano de otro de los líderes de red Púnica, el exalcalde socialista de Cartagena y actual empresario del ladrillo José Antonio Alonso. Tras dejar la política a principios de la década pasada, Alonso empezó a compatibilizar los negocios inmobiliarios con su presencia en diferentes consejos de administración, y Dalkia era una de las compañías en las que tenía asiento. El juez Velasco acusa a Alonso de ser el máximo responsable de uno de los entramados de “tráfico de influencias” que coinciden en este escándalo.
El inicio de la red
El paso de estos cuatro imputados por Dalkia habría sido decisivo en el origen de la trama Púnica, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. Los dos exempleados de Cofely imputados por la presunta compra de voluntades políticas, Álvarez y García Pérez, ya habrían protagonizado operaciones similares en su anterior compañía. Sin embargo, la dirección de Dalkia en España detectó esos movimientos irregulares y los invitó a marcharse. Ambos desembarcaron automáticamente en Cofely, dónde habrían seguido utilizando sus antiguos contactos para tratar de beneficiar a su nueva empresa. Según las pesquisas, participaron en la compra de licitaciones por un valor superior a 200 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Dalkia para recabar su versión de los hechos, pero una portavoz de la firma ha declinado realizar comentarios.
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra que ambos conservaron sus amistades. De los documentos intervenidos se desprende que tanto Álvarez como García Pérez siguieron manteniendo relación con Saura y Alonso, a pesar de que estos siguieron vinculados a Dalkia tras la marcha a Cofely de los dos primeros. El resto de acusados fue incorporándose a la trama posteriormente. La nómina de implicados creció, según la UCO, hasta los 52 políticos, empresarios y funcionarios señalados finalmente por sus averiguaciones. Pero el objetivo de la red siguió siendo el mismo: conseguir adjudicaciones públicas para la compañía que les pagaba.
Lo sorprendente de la trayectoria de Alonso es que casi todos sus grandes negocios se han forjado en feudos del PP, especialmente en Cartagena, donde la formación de Mariano Rajoy gobierna ininterrumpidamente y con mayoría absoluta desde 1995, con la actual diputada nacional Pilar Barreiro a la cabeza. Si el caso Púnica ha demostrado el desprecio que la corrupción siente por la ideología, puede que esta vertiente del caso sea la expresión más elevada de esa forma de entender la política.
La expropiación de todo un barrio
El primer pelotazo de Alonso fue el Barrio Universitario de Cartagena (PERI CA-4), un complejo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento en 2002 que implicó la recalificación de 32.000 metros cuadrados en pleno casco histórico. En realidad, el consistorio expropió las viviendas a sus propietarios, las derribó y sacó a concurso la edificación de nuevas casas en el mismo lugar donde se levantaban las primeras. Los técnicos otorgaron a Ferrovial la mayor puntuación, pero la corporación de Barreiro acabó decantándose por Puerta Nueva S.A., la firma de Alonso. El constructor del PSOE no sólo logró la adjudicación de esa gigantesca parcela a un coste irrisorio. También se quedó con las plusvalías de 3,4 millones de euros generadas por el proyecto que pertenecían al Ayuntamiento. Por increíble que parezca, el consistorio no reclamó esos fondos hasta que Hacienda no le preguntó por ellos.
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Curiosamente, el concejal de Urbanismo en el momento de la adjudicación era otro de los detenidos por la Guardia Civil la pasada semana, José Fidel Saura, actual jefe de gabinete de la Consejería de Turismo e Industria de Murcia. Entre un cargo y otro, Saura trabajó para Dalkia, una compañía de servicios energéticos de la que Alonso fue consejero.
En 2013, tras analizar varias denuncias por estos hechos, la Fiscalía de Murcia consideró que esas decisiones podían constituir indicios de prevaricación. El Ministerio Público destacó especialmente que el Ayuntamiento seleccionara a Puerta Nueva aduciendo que su oferta económica era superior cuando, en realidad, “Ferrovial ofrecía 242.869 euros más y al contado”. Sin embargo, la Fiscalía tuvo que archivar las denuncias porque el delito ya habría prescrito.
La intermediación de Española del Zinc
Alonso hizo otro gran negocio con la venta de los terrenos de la antigua sede de Española del Zinc (Zincsa). La fábrica dejó de ser rentable en 2005 y pronto dejó de pagar a los 250 trabajadores que tenía en nómina. Los propietarios pensaron entonces en vender los 550.000 metros cuadrados que ocupaba la factoría en la principal zona de crecimiento de la ciudad para reinvertir los beneficios en una nueva fábrica más alejada del centro que contara con la última tecnología. La operación acabó frustrándose por el estallido de la crisis y el desorbitado coste que suponía descontaminar el suelo de la fábrica pero una sociedad de Alonso facturó en torno a 5 millones de euros por mediar entre Zincsa y un comprador que se quedó al borde de completar la adquisición.
La sociedad del exalcalde que intervino en ese caso fue Belice 2002 SL (luego Atalia Grupo Patrimonial SL). En su consejo de administración se sentaban, además del constructor vinculado al PSOE, su hermano Agustín Alonso y los empresarios José Luis Capita y David Marjaliza. Éste último es precisamente otro de los cerebros de la operación Púnica, según el instructor del caso. Por lo pronto, Velasco ha acordado imponerle prisión provisional sin fianza. La UCO considera que Alonso y Marjaliza constituían un tándem especializado en lograr concesiones públicas y favores para terceras empresas. Pero en otras ocasiones, ellos mismos habrían sido los beneficiarios de las gestiones.
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, conversa con Mariano Rajoy (EFE)La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, conversa con Mariano Rajoy (EFE)
Los miembros del comité de empresa de Zincsa, que vieron cómo la plantilla acababa en comedores sociales, siempre han mantenido que la sociedad de Alonso y Marjaliza intervino en la operación por orden directa de la alcaldesa del PP. El entonces presidente de Zincsa, José Alberto Barreras, también reconoció a los trabajadores que Barreiro había designado a Alonso como único intermediario posible para la venta de esos terrenos. Así consta en la declaración judicial de uno de los integrantes del comité de la sociedad ya extinguida. Los terrenos de la fábrica aguardan la salida de la crisis para que las 4.000 viviendas de lujo que estaban proyectadas se conviertan en una realidad.
El vínculo con Pedro Llorca
Hay una tercera gran operación urbanística en la que Alonso también habría salido ganando. Se trata del plan CC-1, otro gigantesco desarrollo urbanístico situado a las afueras de Cartagena que ha contado igualmente con un respaldo crucial de Barreiro. El gerente de la UTE urbanizadora de ese suelo es Agustín Alonso, el hermano del exalcalde del PSOE. Y entre los involucrados en el proyecto figuran de nuevo Atalia, José Luis Capita, David Marjaliza y el propio José Antonio Alonso. También aparecen Mistral Inv. y Centro Audiovisual de Inversiones, otras dos firmas del constructor socialista. Ésta última sociedad es a su vez propietaria del 100% de las acciones de Globalclip, que a su vez se encuentra sentada en el consejo de administración de Eico Online Reputation Management SL., la firma del otro gran cerebro de Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. La Guardia Civil considera que éste último también se encargaba de lograr favores políticos para los empresarios que requerían los servicios de la red.
Las casualidades en el CC-1 son sonrojantes. Un constructor que llegó a tener el 30% del suelo de ese desarrollo denunció que Alonso y sus socios realizaron gestiones ante el Ayuntamiento como si fueran propietarios de la totalidad del terreno, un extremo que fue confirmado por los propios señalados. Finalmente, ese constructor acabó viéndose forzado a vender su parte del desarrollo tras recibir amenazas de que, si no lo hacía, quedarían bloqueados sus otros proyectos en la ciudad, según manifestó en sede judicial.
Registros de la Guardia Civil en sociedades de Alejandro de Pedro Llorca.Registros de la Guardia Civil en sociedades de Alejandro de Pedro Llorca.
Segunda fase de Púnica
Esas sombras no han impedido que Barreiro siga mimando el CC-1. Su gobierno ha logrado que Adif modifique el proyecto para la llegada del AVE a Cartagena para desplazar la actual estación situada en el centro de la ciudad a ese polémico desarrollo de las afueras. Las asociaciones de vecinos se han levantado contra esa decisión pero la alcaldesa ya ha dicho que el emplazamiento es “absolutamente definitivo”. Alonso gana de nuevo. Este diario trató de ponerse en contacto con el exalcalde para recabar su versión pero un portavoz declinó hacer comentarios.
Con todo, la Guardia Civil y el juez Velasco tienen la última palabra. El foco de la operación Púnica se ha concentrado por ahora en la Comunidad de Madrid pero, como adelantó El Confidencial este domingo, los investigadores de la UCO trabajan ya en una segunda fase que extenderá sus indagaciones a otras provincias. Fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por este diario están convencidas de que la Región de Murcia jugaba un papel fundamental para la trama corrupta. Sin duda, los agentes de la UCO tienen en Cartagena varios hilos de los que tirar.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-18/los-acusados-de-amanar-contratos-para-cofely-comenzaron-a-actuar-desde-dalkia_478218/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-04/la-uco-contra-la-casta-los-pelotazos-de-un-empresario-del-psoe-en-el-bastion-del-pp_434665/
Isidoro Román Cuesta.
Lo sorprendente de la trayectoria de Alonso es que casi todos sus grandes negocios se han forjado en feudos del PP, especialmente en Cartagena, donde la formación de Mariano Rajoy gobierna ininterrumpidamente y con mayoría absoluta desde 1995, con la actual diputada nacional Pilar Barreiro a la cabeza. Si el caso Púnica ha demostrado el desprecio que la corrupción siente por la ideología, puede que esta vertiente del caso sea la expresión más elevada de esa forma de entender la política.
La expropiación de todo un barrio
El primer pelotazo de Alonso fue el Barrio Universitario de Cartagena (PERI CA-4), un complejo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento en 2002 que implicó la recalificación de 32.000 metros cuadrados en pleno casco histórico. En realidad, el consistorio expropió las viviendas a sus propietarios, las derribó y sacó a concurso la edificación de nuevas casas en el mismo lugar donde se levantaban las primeras. Los técnicos otorgaron a Ferrovial la mayor puntuación, pero la corporación de Barreiro acabó decantándose por Puerta Nueva S.A., la firma de Alonso. El constructor del PSOE no sólo logró la adjudicación de esa gigantesca parcela a un coste irrisorio. También se quedó con las plusvalías de 3,4 millones de euros generadas por el proyecto que pertenecían al Ayuntamiento. Por increíble que parezca, el consistorio no reclamó esos fondos hasta que Hacienda no le preguntó por ellos.
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Curiosamente, el concejal de Urbanismo en el momento de la adjudicación era otro de los detenidos por la Guardia Civil la pasada semana, José Fidel Saura, actual jefe de gabinete de la Consejería de Turismo e Industria de Murcia. Entre un cargo y otro, Saura trabajó para Dalkia, una compañía de servicios energéticos de la que Alonso fue consejero.
En 2013, tras analizar varias denuncias por estos hechos, la Fiscalía de Murcia consideró que esas decisiones podían constituir indicios de prevaricación. El Ministerio Público destacó especialmente que el Ayuntamiento seleccionara a Puerta Nueva aduciendo que su oferta económica era superior cuando, en realidad, “Ferrovial ofrecía 242.869 euros más y al contado”. Sin embargo, la Fiscalía tuvo que archivar las denuncias porque el delito ya habría prescrito.
La intermediación de Española del Zinc
Alonso hizo otro gran negocio con la venta de los terrenos de la antigua sede de Española del Zinc (Zincsa). La fábrica dejó de ser rentable en 2005 y pronto dejó de pagar a los 250 trabajadores que tenía en nómina. Los propietarios pensaron entonces en vender los 550.000 metros cuadrados que ocupaba la factoría en la principal zona de crecimiento de la ciudad para reinvertir los beneficios en una nueva fábrica más alejada del centro que contara con la última tecnología. La operación acabó frustrándose por el estallido de la crisis y el desorbitado coste que suponía descontaminar el suelo de la fábrica pero una sociedad de Alonso facturó en torno a 5 millones de euros por mediar entre Zincsa y un comprador que se quedó al borde de completar la adquisición.
La sociedad del exalcalde que intervino en ese caso fue Belice 2002 SL (luego Atalia Grupo Patrimonial SL). En su consejo de administración se sentaban, además del constructor vinculado al PSOE, su hermano Agustín Alonso y los empresarios José Luis Capita y David Marjaliza. Éste último es precisamente otro de los cerebros de la operación Púnica, según el instructor del caso. Por lo pronto, Velasco ha acordado imponerle prisión provisional sin fianza. La UCO considera que Alonso y Marjaliza constituían un tándem especializado en lograr concesiones públicas y favores para terceras empresas. Pero en otras ocasiones, ellos mismos habrían sido los beneficiarios de las gestiones.
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, conversa con Mariano Rajoy (EFE)La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, conversa con Mariano Rajoy (EFE)
Los miembros del comité de empresa de Zincsa, que vieron cómo la plantilla acababa en comedores sociales, siempre han mantenido que la sociedad de Alonso y Marjaliza intervino en la operación por orden directa de la alcaldesa del PP. El entonces presidente de Zincsa, José Alberto Barreras, también reconoció a los trabajadores que Barreiro había designado a Alonso como único intermediario posible para la venta de esos terrenos. Así consta en la declaración judicial de uno de los integrantes del comité de la sociedad ya extinguida. Los terrenos de la fábrica aguardan la salida de la crisis para que las 4.000 viviendas de lujo que estaban proyectadas se conviertan en una realidad.
El vínculo con Pedro Llorca
Hay una tercera gran operación urbanística en la que Alonso también habría salido ganando. Se trata del plan CC-1, otro gigantesco desarrollo urbanístico situado a las afueras de Cartagena que ha contado igualmente con un respaldo crucial de Barreiro. El gerente de la UTE urbanizadora de ese suelo es Agustín Alonso, el hermano del exalcalde del PSOE. Y entre los involucrados en el proyecto figuran de nuevo Atalia, José Luis Capita, David Marjaliza y el propio José Antonio Alonso. También aparecen Mistral Inv. y Centro Audiovisual de Inversiones, otras dos firmas del constructor socialista. Ésta última sociedad es a su vez propietaria del 100% de las acciones de Globalclip, que a su vez se encuentra sentada en el consejo de administración de Eico Online Reputation Management SL., la firma del otro gran cerebro de Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. La Guardia Civil considera que éste último también se encargaba de lograr favores políticos para los empresarios que requerían los servicios de la red.
Las casualidades en el CC-1 son sonrojantes. Un constructor que llegó a tener el 30% del suelo de ese desarrollo denunció que Alonso y sus socios realizaron gestiones ante el Ayuntamiento como si fueran propietarios de la totalidad del terreno, un extremo que fue confirmado por los propios señalados. Finalmente, ese constructor acabó viéndose forzado a vender su parte del desarrollo tras recibir amenazas de que, si no lo hacía, quedarían bloqueados sus otros proyectos en la ciudad, según manifestó en sede judicial.
Registros de la Guardia Civil en sociedades de Alejandro de Pedro Llorca.Registros de la Guardia Civil en sociedades de Alejandro de Pedro Llorca.
Segunda fase de Púnica
Esas sombras no han impedido que Barreiro siga mimando el CC-1. Su gobierno ha logrado que Adif modifique el proyecto para la llegada del AVE a Cartagena para desplazar la actual estación situada en el centro de la ciudad a ese polémico desarrollo de las afueras. Las asociaciones de vecinos se han levantado contra esa decisión pero la alcaldesa ya ha dicho que el emplazamiento es “absolutamente definitivo”. Alonso gana de nuevo. Este diario trató de ponerse en contacto con el exalcalde para recabar su versión pero un portavoz declinó hacer comentarios.
Con todo, la Guardia Civil y el juez Velasco tienen la última palabra. El foco de la operación Púnica se ha concentrado por ahora en la Comunidad de Madrid pero, como adelantó El Confidencial este domingo, los investigadores de la UCO trabajan ya en una segunda fase que extenderá sus indagaciones a otras provincias. Fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por este diario están convencidas de que la Región de Murcia jugaba un papel fundamental para la trama corrupta. Sin duda, los agentes de la UCO tienen en Cartagena varios hilos de los que tirar.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-18/los-acusados-de-amanar-contratos-para-cofely-comenzaron-a-actuar-desde-dalkia_478218/
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-11-04/la-uco-contra-la-casta-los-pelotazos-de-un-empresario-del-psoe-en-el-bastion-del-pp_434665/
Isidoro Román Cuesta.
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