78 casos de corrupción política se investigan en los juzgados de Castilla y León.

42 juzgados de Castilla y León tienen abiertas 85 causas de especial complejidad y, de ellas, 78, son casos de corrupción política.

Así lo pone de manifiesto un informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial encargado por el presidente, Gonzalo Moliner, para determinar las necesidades de los juzgados y tribunales españoles que tramitan estas causas de gran repercusión en la opinión pública.

El informe considera necesarios 64 nuevos jueces de refuerzo, 18 secretarios más y unos 150 funcionarios

En estos momentos, hay un total de 798 juzgados y tribunales españoles instruyendo 2.173 procedimientos de los considerados de especial complejidad.

De ellos, 1.661 corresponden a causas que afectan a los tipos penales de receptación y blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

De estas 1.661 causas, las distintas unidades inspectoras han identificado 302 de ellas como 'macroprocesos', así designados por el volumen de implicados en los mismos o por la especial complejidad de los hechos investigados, según informan desde el Consejo.

En Castilla y León son nueve los procedimientos que se investigan y que entrarían en esta categoría.

Medidas

El estudio propone que se refuerce a estos juzgados con causas especiales, de manera coyuntural y puntual, con 64 nuevos jueces, sin perjuicio de mantener muchas de las medidas ya adoptadas tiempo atrás, como fueron la designación de hasta 16 jueces de adscripción territorial o el nombramiento de 11 jueces de refuerzo.

También recabar del Ministerio de Justicia y de las Consejerías de Justicia de los gobiernos autonómicos el nombramiento de 18 secretarios judiciales más, así como unos 150 funcionarios de distintas categorías para agilizar la tramitación procesal de los asuntos más complejos.

Además, los inspectores plantean Iniciar gestiones con los ministerios de Hacienda y de Interiorpara que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) puedan agilizar los trabajos que le son encomendados por los juzgados y tribunales.

El Servicio de Inspección considera necesario también que se cree una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional, similar a la que ya trabaja a las órdenes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Fuente: http://www.elnortedecastilla.es/20130425/local/casos-corrupcion-politica-investigan-201304251950.html