jueves, 18 de septiembre de 2014

La operación de Los Merinos Norte, en Ronda, se utilizó como ejemplo del tráfico de influencias en el urbanismo por el Instituto Andaluz de Criminología.



Según el INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA, Promociones Club de Campo y Golf de Ronda ha actuado con "la prepotencia de los poderosos", con una "persistente actuación intimidatoria", como demuestra que se presentaran hasta 12 denuncias contra miembros de colectivos opositores al macroproyecto y grupos ecologistas. 

El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. 

Al Instituto de Criminología le llama la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos" 

EL empeño en sacar adelante las faraónicas construcciones y acallar las críticas que suscitan en un amplio sector ciudadano ha llevado a Rueda Orgaz a utilizar “malos modos” con diferentes personas cercanas al movimiento ecologista e incluso a corresponsales de algunos de los periódicos más significativos de la provincia. 


Miércoles, 31 Julio 2013 02:35
Isidoro Román Cuesta. 
http://www.navaluengadigital.com/noticias/645-agresionpleno.html


El daño y el dolor producidos ...son irreparables a estas alturas, desde 2006 llevamos denunciando este caso, por fin parece que despierta la atención merecida, ha sido necesaria su relación con el caso Pujol para que los medios de comunicación se hagan eco.




BERTA GONZÁLEZ DE VEGA
Málaga Actualizado: 16/09/2014 10:26 horas


La operación de Los Merinos Norte, en Ronda, se utilizó como ejemplo del tráfico de influencias en el urbanismo por el Instituto Andaluz de Criminología pero el informe no llegó a detectar la presencia en las operaciones de Copisa en Ronda al primogénito del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Es ahora cuando se ha conocido, gracias a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que el mayor de los Pujol, que declaró ayer ante el juez Pablo Ruz, recibió honorarios por la intermediación realizada para la firma del contrato de obras del plan parcial Los Merinos Norte en Ronda. El importe del contrato era de 43 millones de euros y las sociedades vinculadas al hijo mayor de Jordi Pujol cobraron 1.116.000 euros, un poco menos del 3% de la operación.


En el informe, cuyas conclusiones sobre Ronda adelantó ayer la revista digital El Observador, no se detalla ante quién intermedia el primogénito para la construcción del plan parcial. El hecho es que el convenio con el Ayuntamiento de Ronda, gobernado entonces por el andalucista y luego socialista converso Antonio María Martín Lara, con apoyo del PSOE, se firma en el mes de julio de 2006, cuando Jordi Pujol Ferrusola recibe el último de los cheques por su supuesto trabajo en Los Merinos. Es en estas fechas cuando Copisa entra en el accionariado de Promociones Club de Campo y Golf de Ronda, donde también ha sido consejero Joan María Roig i Grau, de CiU. En septiembre de ese año, se inician las obras de urbanización. El pueblo ha estado muy dividido entre los que creen que la urbanización de lujo traerá riqueza y creación de empleo y los que lo ven como un proyecto que agrede una zona de alta sensibilidad ecológica.


En aquel informe del Instituto Andaluz de Criminología coordinado por el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés, se llamaba la atención sobre lo intrincado de la estructura societaria que había operado en Los Merinos desde finales de los 80.


Fue a principios de los años 90 cuando el PGOU de Ronda, redactado por el urbanista José Seguí, hermano del que era delegado de Obras Públicas en Málaga, Vicente Seguí, desprotege Los Merinos para permitir que inicie la conversión de la dehesa, muy cercana a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, en una suerte de Sotogrande serrano, con dos campos de golf, 800 casas en parcelas de 10.000 metros cuadrados y colegios internacionales.


El consejero de Obras Públicas entonces era Jaime Montaner, arquitecto que, más adelante, vuelve a tener relación con el proyecto, según estudió el informe del Instituto de Criminología, como autor del plan parcial. Montaner estuvo hace unos meses en Marbella, donde construyó un hotel ilegal en la época de Jesús Gil, en unas jornadas sobre construcción sostenible a las que asistió la presidenta de la Junta, Susana Díaz.


Los investigadores universitarios cuestionaron entonces una decisión incoherente con la protección que la Junta había dado al paraje apenas unos años antes. Los ecologistas no cejaron en su lucha contra la macrourbanización. Con manifestaciones y también con recursos antes los tribunales. La promotora se querelló aquellos años contra distintos ecologistas, como el anciano Sir Alistair Boyd, padrino del novelista Martin Amis, habitante de la sierra. El Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, limítrofe con la finca, también intentó paralizarlo al considerar que los documentos aprobados de impacto ambiental no garantizaban que hubiera agua en la comarca para acometer semejante urbanización. De hecho, en 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el plan parcial aprobado por no tener garantizado el suministro de agua, por lo que había recurrido el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro.


Hace apenas un par de meses, el Ayuntamiento de Ronda daba a conocer la noticia de que la promotora iba a reanudar los pagos de lo conveniado en 2006 con el Ayuntamiento, ya que debía algunas anualidades. En enero, la promotora y el Ayuntamiento informaron de que el proyecto, que finalmente se paralizó por la crisis económica, se redimensionaba bajando las casas a 400 y quitando un campo de golf. Ahora se complica todo ya que el TSJA ha anulado el contrato para la redacción del PGOU quedaba en manos del urbanista Manuel González Fustegueras, por lo que el futuro de ese y otros proyectos se ha complicado.


Una de las conclusiones de aquella investigación liderada por Díez Ripollés decía:


«No puede dejar de mencionarse la insatisfactoria delimitación entre actividades privadas y públicas que se produce en muy diferentes momentos del procedimiento administrativo que sustenta la iniciativa empresarial. Resulta fácil observar cómo determinadas personas se mueven simultánea o sucesivamente en el entorno de la función pública y de actividades empresariales privadas».


No decía nada del clan de los Pujol, pero, a la luz del informe de la UDEF, podría haberse referido también a ellos.

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